Japón enfrenta resistencia por plan de verter aguas residuales de Fukushima en el océano
Japón continúa enfrentando resistencia en la región por su plan de verter en el océano las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima, dañada severamente en 2011 por un tsunami. A pesar del visto bueno de las Naciones Unidas (ONU) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), muchos se muestran escépticos y preocupados por las posibles consecuencias de esta acción.
El informe de la OIEA, que asegura que el plan cumple con los estándares internacionales y tendrá un impacto radiológico insignificante en las personas y el medio ambiente, ha respaldado la iniciativa presentada por Japón hace dos años. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace han planteado dudas sobre el proceso de tratamiento de las aguas residuales de Tepco, la empresa eléctrica que opera la planta de Fukushima, alegando que no se están eliminando adecuadamente las sustancias radioactivas.
El agua contaminada, aproximadamente 100 metros cúbicos al día, ha estado almacenada en tanques gigantescos desde el desastre en 2011. Japón argumenta que esta no es una solución sostenible a largo plazo y busca liberar gradualmente estas aguas tratadas en el océano Pacífico durante un período de 30 años. Aunque la liberación de agua tratada en el océano es una práctica común en las plantas nucleares, en este caso, debido a que es el resultado de un accidente, no se trata de un desecho nuclear típico.
El principal desafío radica en la presencia de tritio y carbono-14 en las aguas tratadas, ya que son difíciles de separar del agua y emiten niveles bajos de radiación. Tepco afirma que el sistema de válvulas garantiza que no se libera accidentalmente agua de desecho sin diluir. Además, el gobierno japonés sostiene que los niveles finales de tritio, alrededor de 1,500 becquereles por litro, son mucho más seguros que los requeridos por los reguladores para las descargas de desechos nucleares o para el agua potable según la Organización Mundial de la Salud.
Los países vecinos, como China y Corea del Sur, han expresado su preocupación y han instado a Japón a obtener la aprobación de otros actores regionales e instituciones internacionales antes de llevar a cabo el plan. China ha acusado a Japón de violar sus «obligaciones morales y legales internacionales» y ha advertido sobre las consecuencias si se procede con la liberación de las aguas residuales.
Mientras tanto, Corea del Sur ha generado una fuerte oposición pública a través de protestas y resoluciones parlamentarias, y ha puesto en marcha una inspección detallada de los alimentos de origen marino para calmar los temores de sus ciudadanos. A pesar de las respuestas del gobierno japonés y de Tepco, quienes argumentan la seguridad del plan y prometen transparencia, la incertidumbre y la controversia continúan rodeando esta decisión.
El debate sobre el destino de las aguas residuales de la planta nuclear de Fukushima sigue abierto, y será necesario seguir monitoreando y evaluando los posibles impactos en la salud humana y el medio ambiente antes de tomar una decisión final.
