Perú vuelve a ser escenario de protestas con la «Toma de Lima» para exigir cambios políticos y sociales
Perú ha sido testigo de una nueva «Toma de Lima» que ha roto cinco meses de calma política y social en el país. Convocada por sindicatos, organizaciones sociales, gremios y líderes políticos, la protesta busca fustigar a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso, resucitando así las manifestaciones que sacudieron al país andino en diciembre y enero.
La Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) lidera la movilización, exigiendo la renuncia de la presidenta y el adelanto de las elecciones generales. Además, parte de los manifestantes demanda la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente, una iniciativa respaldada por el partido marxista leninista Perú Libre, que apoyó al ex presidente Pedro Castillo.
El descontento hacia la administración actual es evidente, ya que la presidenta Boluarte cuenta con un rechazo del 80% de la población, y el Congreso enfrenta una cifra aún más desalentadora, con el 90% del país en su contra. Sin embargo, la actual mandataria ha logrado mantenerse en el cargo gracias al apoyo recibido en el Congreso por parte de sectores de la derecha y del fujimorismo.
La «Toma de Lima» congregó a miles de personas, entre organizaciones sociales, políticas, sindicales y estudiantiles, que se desplazaron pacíficamente por las calles de la capital peruana. Sin embargo, algunos manifestantes rompieron el cerco policial y llegaron hasta los exteriores del Congreso, que permanecía cerrado y resguardado por la Policía Nacional.
La presidenta Boluarte ha calificado la protesta como una «amenaza a la democracia», y el Ministerio de Interior ha desplegado 24.000 policías y prolongado el estado de excepción en las carreteras nacionales para mantener el orden público.
El país andino se enfrenta a un importante reto para superar la crisis política y social, y las protestas buscan ejercer presión en diversas áreas, incluyendo la demanda de la puesta en marcha de una Asamblea Constituyente y la toma de las carreteras, que fueron clave en las protestas anteriores.
La «Toma de Lima» representa un punto de inflexión en la situación política del país, y el Gobierno se enfrenta a una ciudadanía cada vez más exigente que demanda cambios profundos y soluciones concretas a sus problemas. El país se encuentra en un momento crucial de su historia, donde la participación ciudadana y la búsqueda de consensos serán fundamentales para construir un futuro más justo y democrático.
